Un puente clave, parado por una disputa judicial

El Roca-Patricios unirá La Boca y Avellaneda. Considerada vital para aliviar otros pasos sobre el Riachuelo, la obra está detenida hace más de un año y la solución del caso, en manos de la Corte Suprema. Tendrá 70 metros y dos carriles por mano.

La construcción del puente Roca-Patricios sobre el Riachuelo está frenada hace más de un año por una disputa judicial . El juez federal que entiende en la causa del saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo autorizó la construcción, pero un juez de la Ciudad la frenó, medida que repitió otro magistrado porteño en una causa paralela. Ahora, a la discusión la tiene que resolver la Corte Suprema .

En 2006, el Gobierno porteño, la Nación y la Municipalidad de Avellaneda firmaron un convenio para la construcción de un puente sobre el Riachuelo, que uniera la avenida Patricios con la avenida Roca, en Avellaneda. La vía, de 70 metros de largo, iba a tener dos carriles por mano, más dos veredas laterales para peatones y ciclistas. Para facilitar la navegación sobre el Riachuelo, más tarde se decidió que el puente fuera giratorio. El cruce es un viejo reclamo hecho, sobre todo, desde el municipio de Avellaneda, en donde se registran pedidos al respecto que datan desde hace décadas. Además, está planteado como una solución para aliviar los transitados cruces que ya existen y evitar en parte los congestionamientos que se producen en forma cotidiana sobre ellos.

Como la inversión estaba a su cargo, la Ciudad le encomendó la obra a la empresa AUSA, la administradora de las autopistas porteñas, que también se encargó de la remodelación de la avenida Patricios. La necesidad de construir más cruces sobre el Riachuelo está planteada en el Plan Urbano Ambiental de la Ciudad, ya que hace falta mejorar la conectividad de los barrios del sur con el GBA, especialmente para agilizar la circulación de camiones.

Tras avanzar en el desarrollo del proyecto arquitectónico, y como parte del trámite administrativo, AUSA convocó a una audiencia pública para el 25 de octubre de 2010. Pero la Cámara Argentina de Arena y Piedra, institución que nuclea a las empresas que transportan materiales de construcción con barcazas por el Riachuelo, presentó un recurso de amparo . Argumentaron que estaban en contra de que el puente fuera giratorio, porque a diferencia de uno común, tendría menor altura, lo que les impediría el paso de sus embarcaciones.

La causa cayó en el juzgado contencioso administrativo N° 2, a cargo del entonces juez Roberto Gallardo, funcionario que se caracterizó por sumar fallos contrarios al Gobierno macrista. Hoy Gallardo se desempeña como Defensor General Adjunto en el fuero contravencional y penal.

El 1° de setiembre de 2009 Gallardo ordenó que se paralizaran todas las actuaciones administrativas respecto de la construcción del Roca-Patricios, y días después otorgó la cautelar a favor de las empresas.

Pero el 22 de octubre de ese año entró en escena el juez federal de Quilmes, Luis Armella , quien tiene a su cargo la ejecución del fallo de la Corte Suprema que ordenó sanear el Riachuelo. Ante una consulta de la ACUMAR (el organismo encargado del saneamiento de la cuenca, integrado por los gobiernos de la Nación, la Ciudad y la provincia de Buenos Aires), Armella decidió autorizar la realización de la Audiencia Pública, porque entendió que la construcción del puente debía ser considerada como parte del proceso de saneamiento del Riachuelo.

Ese encuentro, en el que los vecinos y ONG conocieron el proyecto y pudieron aportar sugerencias, se realizó el 25 de octubre de 2010. Pero al día siguiente, Gallardo declaró su nulidad, y aseguró que la disputa judicial por el puente era “a todas luces ajena a las cuestiones ambientales que la Corte Suprema confió al juez federal”.

Pero tiempo después Armella insistió con que la competencia del caso era suya y no de la Justicia porteña. Al haber dos jueces de distintos distritos reclamando la autoridad sobre la causa, y luego de otros pasos judiciales, el expediente derivó en la Corte Suprema de Justicia. Según le informaron en el máximo Tribunal a Clarín , “el tema pasó a la Procuración para que eleve un dictamen”. Por ahora, no se sabe cuándo podría haber novedades .

En el intermedio se dio una situación que le agrega al caso del puente un tono de absurdo: en marzo pasado Armella prohibió la navegación en el Riachuelo. Es decir que la construcción del Roca-Patricios está frenada porque un grupo de particulares dice que le impediría navegar... en un río en el que no se puede navegar.

Posteriormente a la causa iniciada por Gallardo, y según le contaron a Clarín fuentes del Gobierno porteño, la Arenera Pueyrredón, una de las empresas que operaba sobre el Riachuelo, inició una demanda similar, que cayó en el juez contencioso Hugo Zuleta. Este magistrado dictó una medida de “no innovar”, por lo cual actualmente son dos los bloqueos judiciales para la construcción del puente. Y hay una tercera causa, iniciada por la legisladora kirchnerista María José Lubertino, que también derivó en la Corte Suprema. Lo más probable es que los tres expedientes terminen convertidos en una sola causa, y que la Corte le derive todo a alguno de los dos jueces.

Fuente: Clarin

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